La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República abrieron indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 % .

Se trata de la ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña 2010-2011, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros, en atención a los hechos expuestos en la solicitud e Informe recibidos de la doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, gerente (e) del Fondo Adaptación y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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Según Rodríguez, la baja inversión de recursos para resolver los problemas de inundación en La Mojana que, solo llega al 3 %, ocasionando, además, que exista el riesgo de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la baja ejecución, exija la devolución de aproximadamente $235 mil millones.

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según información que dieron a conocer varios medios de información, se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, con montos que sumados superarían los $100 mil millones.

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El ente de control indicó que también "se validarán las denuncian sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista".

Entre tanto, La Contraloría General de la República "realizará una o varias indagaciones preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño Fiscal y, si ameritan o no, la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros".

La actuación disciplinaria que se inició busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas.

Con información de la Procuraduría  y la Contraloría.